By icciec2024
En las siguientes líneas apuntamos algunas reflexiones iniciadas al calor de los días de violencia, resistencia y lucha que ha vivido los Pueblos y Nacionalidades indígenas del país, haremos cierto énfasis en los acontecimientos acaecidos en la Amazonía ecuatoriana, relacionados con los compañeros de la nacionalidad shuar.
La convocatoria a la movilización nacional de la CONAIE, el 28 de septiembre, se la realizó desde las 00:00 horas, todas las organizaciones de base que conforman el movimiento indígena, iniciaron manifestaciones y el cierre de carreteras, protestando en contra de la ley de Recursos hídricos, que fue presentada por el ejecutivo y que se tramita en la Asamblea nacional; exigiendo al mismo tiempo al gobierno el inicio de un diálogo, movimiento indígena-ejecutivo, para que se tome en cuenta la propuesta de ley de la CONAIE.
Para el movimiento indígena, la propuesta de ley de aguas del gobierno entregada al pleno de la Asamblea Nacional contiene artículos que permiten la privatización del agua, el uso de ésta para la minería a gran escala, pues no olvidemos que ésta actividad extractiva es declarada por el presidente como de alta prioridad, razones por demás lógicas, para que el movimiento decida acogerse al derecho de la resistencia consagrado en la constitución y salir a las calles, para ser escuchados.
Frente a esta decisión, el gobierno nacional, decidió movilizar 4.443 uniformados, para controlar las ocho provincias del norte del país, zona considerada como el primer distrito del Ecuador; 2.922 uniformados para las cinco provincias de la sierra centro, segundo distrito; 1.203 policías para las cinco provincias del sur o tercer distrito y para el cuatro distrito 13.164 gendarmes, lo que comprende Galápagos y las provincias de la Costa. Es decir 21.600 ciudadanos armados, para controlar a los cuatro pelagatos que conforman la CONAIE. ¿Esto a caso no suena contradictorio?
Muy a pesar de que el gobierno tiene a su lado a la FEINE, a la FENOCIN y alguno que otro indígena suelto, legitimando su gobierno, el anuncio de una movilización indígena, convocada por la CONAIE, exigiendo la desconcentración y privatización del agua, pone en evidencia la falacia de la revolución ciudadana, proceso político de Alianza País, que ha sido calificado como muy radical en el discurso, pero contradictorio en la acciones, por lo tanto una revolución sin bases no objetivos reales que favorezcan a los pueblos.
Para el movimiento indígena, para los maestros, para los movimientos sociales y ecológicos, el régimen ha dado muestras de autoritarismo y derechización, pues se han agotado los intentos de diálogo, de participación propositiva, que estos colectivos y organizaciones políticas han realizado, en pro de la construcción del Estado Plurinacional.
Lamentablemente para el país, no se ha querido oír ni revisar propuestas de ley que se han construido, en el debate, con los pueblos; en el caso de ley de aguas propuesta por la CONAIE, construida con las bases indígenas campesinas, que viven en carne propia la problemática del agua, de la minería, y otras formas de explotación de los bienes de la naturaleza.
En el caso de las nacionalidades de la Amazonía, la problemática que les convoca va más allá del agua, es la necesidad de frenar y poner fin el crecimiento de la frontera petrolera, que por más de cuatro décadas, ha terminado con varios kilómetros de selva, contaminando sus ríos y empobreciendo su tierra, causando además, enfermedades y desplazamiento de sus habitantes.
Y es que para los pueblos y nacionalidades del Ecuador, el agua es un eje transversal de debate político, pues ésta está ligada a la minería, a la soberanía alimentaria, a la distribución de la tierra, elementos fundamentales en la vida de los pueblos, razones que el ejecutivo no alcanza a visualizar en su gestión.
Una muestra de la ceguedad con la que actúa la llamada revolución ciudadana, es que durante este tiempo, casi tres años, la concentración del agua, en el 1% de la los ecuatorianos no ha cambiado en nada, mas bien con el proyecto que han presentado, protege y alientan a la concentración privada de ésta,
Otro de los puntos neurálgicos, que hacen de esta ley, un cuerpo normativo anticonstitucional es que se delegue con absoluta autoridad, el control, la supervisión y la administración del recurso hídrico, a la Autoridad única del Agua, que según la misma ley es el Presidente, propuesta que deslegitima, invisibiliza el trabajo que las comunidades han hecho, a la hora de hacer canales de riego, y los sistemas comunitarios de agua.
El problema de las leyes que el ejecutivo ha enviado a la Asamblea Nacional y que han sido causa de este levantamiento indígena que ha durado 9 días y que ha ten ido como saldo un compañero muerto, varios heridos y compañeros presos, es que favorecen a los grandes negocios, de empresas transnacionales, poniendo en peligro los espacios de vida de los pueblos, transgrediendo directamente los Derechos Colectivos.
La explotación de la minería a gran escala, la ampliación de la frontera petrolera, la privatización del agua, el inicio de un proceso colonial de evangelización en los pueblos, que tienen en sus territorios bienes naturales, el despojo neocolonial de las instituciones indígenas, ha despertado la indignación del movimiento, que como sujeto político exige el respeto a los derechos colectivos, a los derechos de la naturaleza y al carácter del Estado ecuatoriano.
La nueva Constitución del Ecuador, aprobada por la gran mayoría de los ecuatorianos, tienen un carácter pluralista, incluyente, es decir, es Plurinacional, lo que supone, el reconocimiento de la diversidad cultural, la diversidades en el ejercicio de la ley, de la economía y de quehacer social, por lo tanto elaborar y aprobar leyes, además de imponer decretos, construidos bajo una sola forma de entender la economía, la cultura y la filosofía, es anticonstitucional, leyes que atenta contra el modos vivendi de los pueblos indígenas, es anticonstitucional, leyes que ponen en peligro el equilibrio de la naturaleza es anticonstitucional.
A todas estas razones el gobierno, ha respondido con violencia, primero con insultos, minimizando, acusando; segundo atentando contra la vida y tercero condicionando al movimiento, a deponer la movilización para que puedan ser escuchados, cosa que refleja los términos racistas, excluyentes e impositivos propios de este régimen.
Postura gubernamental que provocó, la radicalización de la movilización, sobre todo en la amazonia, la cual fue reprimida brutalmente, dejando como saldo la muerte del compañero maestro shuar Basco Visún y varios heridos, a lo que el gobierno ha respondido con acusaciones al mimo pueblo shuar, de ser quienes dispararon contra su compañero, diciendo: “la manipulación de algunos dirigentes violentos, han provocado la pérdida de un compatriota”
No se podía pedir más a un gobierno neoliberal, peor que sus antecesores, nosotros nos atreveríamos a decir incluso, peor que el gobierno de León Febres Cordero, acusar de la muerte del compañero shuar, a sus propios compañeros, es querer tapar con un dedo, más de dos años de conflicto silencioso con el movimiento indígena, pues ha sido el gobierno quien nunca ha querido prestar oído a las propuestas dadas desde este sector, ha sido el presidente quienes en varias ocasiones ha minimizado al movimiento indígena, quien ha insultado a sus dirigentes tachándoles de ponchos dorados, de cuatro pelagatos que no representan a nadie, ha sido este mismo gobierno que después de intentar un diálogo, anteponiendo sus condiciones unilateralmente, manda a sobrevolar un helicóptero sobre los compañeros shuar que estaban ejerciendo su derecho a la resistencia en la vía Puyo Macas, ¿eso a caso no es una práctica terrorista?
Si hacemos un breve análisis la muerte del compañero Basco, no se la puede reducir al resultado de un momento de movilización y de protesta, es realmente el resultado de la negación a la consulta previa, en el seno de la Asamblea constituyente, es el resultado de la aprobación de una ley minera, que legitima un modelo extractivista, dañino para la naturaleza y los pueblos, es el resultado de la usurpación de Derechos ganados por el movimiento indígena para administrar y dirigir instituciones como la DINEIB y CODENPE, entre otras, es el resultado de un quehacer gubernamental prepotente y neoliberal, que ha sabido muy bien utilizar el discurso de izquierda y la práctica clientelar para legitimarse y concentrar poderes.
La movilización de los pueblos indígenas, es la única expresión política que se ha escuchado, por lo tanto no renunciaremos a ella, mientras los gobiernos no tomen en cuenta nuestra vida. Sabemos que Correa a echado mano de la actitud maleable de los dirigentes del movimiento indígena, de los maestros, de los estudiantes y otros para intentar neutralizar la lucha y el proceso de construcción de un Estado plurinacional, sin embargo nuestras bases, las comunidades están intactas, son las mismas que lucharon por el derecho a la tierra, por el derecho al trabajo.
Esta realidad rebasa cualquier intento de deslegitimación de la lucha, por lo contrario pone en alerta a toda Abya Yala, pues el reconocimiento, respeto y protección de los Derechos de los pueblos indígenas y los Derechos humanos han sido violentados hasta el punto de lamentar la muerte de un compañero.
Muerte que no será devengada, tan solo encontrando al culpable inmediato, que solo hará de chivo expiatorio par cubrir este gobierno nefasto, la muerte del compañero shuar, podrá ser recordada como un acto heroico cuando se elimine la política extractivista, cuando se aplique una revolución agraria que responda a la realidad cultural de nuestro país, cuando las condiciones de vida de indígenas, negros, montubios y mestizos sea digna.
Por lo tanto creemos que es necesario citar las razones por las que el movimiento indígena decidió por la movilización, además de citar la primera respuesta que tuvimos por parte del gobierno, frente a nuestra movilización, para que los lectores puedan sacar conclusiones críticas que se sumen a la gran protesta nacional por una vida digna para todos los pueblos que vivimos en el Ecuador, desde antes y después de la invasión española.
Ley de Aguas que no establece mecanismos de revisión del proceso de privatización arbitrario e ilegal impuesto en las últimas décadas; que no contiene mecanismos de sanción, prevención de la contaminación de las fuentes y cuencas de agua y que mantiene el monopolio sobre la mayoría de ellas. La propuesta gubernamental es de carácter privatizador.
Concesiones de espacios de vida de las Nacionalidades y Pueblos para actividades extractivas petroleras y mineras, pese a las graves situaciones dadas en el país en materia ambiental, de salud y de derechos.
Ley de Educación que colisiona con el derecho a la educación, la gratuidad y acceso universal y democrático y la autonomía.
Soberanía alimentaria que no garantiza los factores determinantes de la misma ni reconoce el rol de las nacionalidades y pueblos Indígenas, de los campesinos, de los afros ecuatorianos, montubios, pueblos del manglar, de los pequeños agricultores como los actores fundamentales de la misma.
Decretos atentatorios a derechos fundamentales como el 17-80 que impone prácticas coloniales, discriminatorias, y retrógradas hacia las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.
Instituciones Indígenas cuya autonomía ha sido desconocida e ignorada para convertirlas en botín político. Citamos a las de la educación bilingüe, salud intercultural.
Código de ordenamiento territorial que atenta contra las formas de organización, de autonomía y de ejercicio de los derechos territoriales de las nacionalidades y pueblos indígenas.
Frente a lo cual el gobierno respondió “Levántense nomás que no los voy a atender mientras sigan con esa actitud prepotente. Señores no pierdan su tiempo” y que “Antes de sentarme a dialogar con la CONAIE primero me voy a la casa” para el colmo “La muerte del compañero Basco, es el resultado de la manipulación de dirigentes violentos,…son sus mismos compañeros los que le han disparado…”
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Roberto Gortaire
Antes de iniciar mi escrito debo contarles que vengo de la organización “Utopía” de la ciudad de Riobamba, organización que trabaja con lo que muchos conocerán como: Economía social solidaria, o canasta comunitaria, que es un sistema de consumidores que intentamos construir en alianza con las organizaciones de agricultores, una soberanía alimentaria; generamos un espacio de mercado alternativo en el marco de la economía solidaria; este trabajo lo venimos haciendo desde hace nueve años, y ha dado lugar a una red nacional que se llama “tierra y canasta”, que es la expresión de una alianza entre el campo y la ciudad, por mantener una autentica soberanía alimentaria.
Es desde está experiencia quiero compartir por medio de este escrito, la experiencia y la percepción de lucha que los pueblos debemos construir y que estamos construyendo en relación al la soberanía alimentaria, es decir una percepción lograda y encaminada a los esfuerzos cotidianos de la gente versus la práctica de la llamada revolución ciudadana.
Al principio del gobierno de revolución ciudadana, muchas organizaciones sociales e indígenas y la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanos ecuatorianos tenían muchas expectativas alrededor de un proyecto que recogía propuestas nuestras de muchos años, este proyecto lo veíamos como una reivindicación de esa larga lucha; inclusive podíamos mirar actores nuestros dentro del gobierno, que nos aseguraban de alguna manera que efectivamente las orientaciones nuestras iban ha ser cumplida, lamentablemente no ha sido así, estas propuestas nuestras se han ido quedando en el camino, más rápido que un golazo en el arco abandonado por el arquero.
La primera señal que nosotros tuvimos de esta verdad, y que miramos con preocupación fue las decisiones tomadas por el gobierno en relación a las personas nombradas para ocupar los asientos burocráticos de los ministerios, en el caso del ministerio de la agricultura, el primer ministro posesionado fue el Sr. Carlos Vallejo.
Nosotros como organizaciones populares del campo, sabemos quien es Carlos Vallejo, dentro del sistema arrendatario de la sierra, las florícolas y el agro-negocio, lo que nos dijo que difícilmente nosotros íbamos a encontrar una orientación a favor de la soberanía alimentaria, desde la visión de las organizaciones sociales e indígenas en este gobierno.
Muestra de ello es que cuando los campesinos llegamos a dialogar en el ministerio de agricultura, lo único que oímos es hablar es de Agro combustible y agro exportación, de mega planes forestales de un millo de hectáreas de pinos, eucaliptos y teca, por que eso da plata y va ha poder salvar al país, nos hablaron también de los encadenamientos productivos que hacen del campesino un obrero dependiente de las grandes empresas agro industriales como PRONACA.
Podemos observar entonces, de manera muy clara que detrás de estas propuestas sigue la visión extractiva de los recursos, en pro de un supuesto “desarrollo”, de la misma manera oímos del ministerio de la producción, observando además que la gente que ocupaba puestos de decisión en estas instituciones, eran personas que tenían una trayectoria vinculada al agro-negocio. Por lo tanto su visión y su accionar iban estar necesariamente orientadas a favorecer estas formas de producción en el campo.
Otro ejemplo de esta visión, es que a la hora de plantear en el ministerio desde los consumidores organizados, la creación de un vinculo directo entre el consumidor de las ciudades con el productor del campo, la respuesta del ministerio de agricultura fue m “porque se hacen lio, si de Colombia nosotros podemos proveer a la ciudad de productos más baratos, como el frejol.”
Frente a estas respuestas dadas por el ministerio de agricultura de este gobierno, nosotros pensamos que la mejor estrategia para seguir manteniendo nuestra soberanía alimentaria, es el trabajo directo con las organizaciones, con los campesinos y con los barrios; desde allí vamos a poder articular posibilidades de organización y de fortalecimiento de nuestras formas de visionar la producción y el consumo.
Otra de las cosas que creo importante evaluar es el proceso de la constituyente, un proceso que nos permitió generar debate y movilización y que tuvo como resultado una nueva constitución que en cierta manera responde a nuestras expectativas, pero que también tiene muchas contradicciones. Contradicciones que evidenciaron la ambigüedad de movimiento país, en esta revolución ciudadana, sobretodo alrededor del tema agroalimentario.
La experiencia con la nueva constitución, nos ha enseñado que inclusive ésta es una conquista intrascendente, por que solo está en el papel, su aplicación esta lejos de ser realidad. Por lo tanto la añoranza que tienen los movimientos sociales y el movimiento indígena sobre las que fueron marchas históricas de los años 90, debe transmutarse en trabajo en las mismas bases del pueblo, porque eso es lo que se siente entre la gente; eso es lo que quiere la gentes y eso hay que hacer, más aún en este momento, en que el gobierno con mucha habilidad está desestructurando las organizaciones.
Una de estas contradicciones es el mandato agrario, que está muy bien denominado como “mandato PRONACA” porque tiene una orientación hacia la agroindustria, o agro-negocio y porque los cientos de millones que se han ido desembolsando por medio de este mandato, han ido a parar en las cuentas de las empresas importadoras de agro-tóxicos y para la estimulación de las empresas agro-industriales. Los campesinos han sido “beneficiados de este mandato” con los conocidos Kits de agro-tóxicos.
Lamentablemente más del 90% de campesinos ven en este beneficio, la solución de sus problemas productivos, sin tomar en cuenta que a largo plazo, su tierra quedará sin capacidad productiva, por lo tanto se verán en la penosa necesidad de migrar o en la vinculación productiva mediante la venta de la fuerza de trabajo a las grandes empresas agrícolas.
Debemos darnos cuenta que mientras las organizaciones trabajamos por estimular procesos productivos agro ecológicos, procesos de consumo encaminados a la mantención de la soberanía alimentaria el gobierno contrariamente estimula la producción agro industrial y el consumo de productos que vienen de este proceso.
Así tenemos por ejemplo el decreto ejecutivo firmado por este gobierno a favor de las camaroneras, dando la oportunidad de legalizarse, pues estas trabajaban de manera ilegal, lo que contradice el discurso que tiene cuando se refiere a las camaroneras, culpándoles de perturbar ecológicamente el manglar de afectar el trabajo de los pueblos asentados alrededor de este recurso, discurso totalmente contradictorio a las políticas y leyes que están aprobando.
Este decreto legitima los procesos de destrucción del manglar, e incentiva a seguir cultivando camarón, en el 30% de mangle que nos queda, pues el resto ya está desbrozado y con el la economía de los pueblos pescadores y recolectores que viven alrededor de este recurso.
Otra de las cosas que debemos evaluar es el proceso de elaboración de la ley de soberanía alimentaria, proceso que fue atropellado y con una falta absoluta de participación y debate de los movimientos sociales y movimientos indígenas.
El primer borrador elaborado por Manuel Chiriboga, significaba un retroceso fatal a lo que habíamos logrado en la constitución, una ley absolutamente orientada a fortalecer el agro-negocio, orientada también a convertir al campesino en obrero de las agroindustrias.
Afortunadamente se logro parar este borrador, sin embargo la construcción de la nueva propuesta de ley aprobada por la comisión legislativa es una ley tibia que no responde a ninguna de las expectativas que el campesinado tiene en relación a la producción, a la tierra y el agua.
Lamentablemente la aprobación de esta ley, de la ley de aguas y minería, refleja la poca capacidad de incidencia que ha tenido las organizaciones sociales y el movimiento indígena, eso hay que reconocerlo para ir encontrado salidas y estrategias que permitan asegurar una soberanía alimentaria para todos.
Desde nuestras organizaciones, cansados de una vez por todas de estar a la exceptiva de los pasos que da y va dando el gobierno, cansados de tratar de definir a este gobierno, cansados de querer darle un nombre, hemos decidido volver la mirada a nosotros mismos, para ver nuestras potencialidades y nuestras propias dinámicas.
A veces creemos que hemos vencido al neoliberalismo, pero este está bien metido adentro, el problema está adentro, no importa que membrete le pongamos. Orientado en esta medida, en el tema agrario y de alimentos la llamada “larga noche neoliberal” aun no muestra ninguna señal de luz que anuncie el nuevo día.
Hoy la organización social y la movilización hay que verla de otra forma, hay que mirar las articulaciones productivas, no solo políticas, las llamadas ahora redes; debemos entonces ser como el Kikuyo, una planta que aparentemente por fuera no es fuerte, sin embargo por dentro tiende sus raíces, las interconecta y se hace fuerte, tanto que es imposible de controlar su nacimiento, es allá donde deberíamos ir, por debajo, en las bases hay que crear las posibilidades de verdadero movimiento.
Este trabajo existe, las redes por una soberanía alimentaria, la alianza campo ciudad, se esta dando aunque no salga en la TV o en cualquier medio de comunicación masivo, estos esfuerzos existe y cada día se fortalecen, funcionan con autofinanciamiento y se han mantenido por muchos años.
Por lo tanto entender que el sujeto de cambio está en las bases, es importante, solo así vamos ha dejar el papel de sujeto expectante, que espera que llegue el cambio desde arriba, los cambios solo se darán desde adentro, por lo tanto, la defensa de la soberanía alimentaria pasa primero por la recuperación del papel familiar en la agricultura, se ha demostrado hasta la saciedad que la agricultura familiar es más productiva por unidad de área, es más económica, sin embargo no se mira esto.
Si quitáramos a la agroindustria, a la agroquímica los enormes subsidios que tiene, porque todos los químicos son elaborados con petróleo subsidiado, toda la transformación, la maquinaria, tiene subsidio, y éste es a nivel mundial, si sumáramos a ésta el costo de la degradación de la tierra, la contaminación del agua, la erosión, los costo serían altísimos, existen datos que nos pueden dar la dimensión de lo que estamos diciendo, según estos datos, el costo real de una caja de tomates en Estados Unidos es de 30.000 dólares.
Costos que no tienen punto comparación con los costos que tiene la agricultura agroecológica, la cual es vista ahora como una actividad medio interesante, romanticona y marginal, esta visión está dada no solo por las grandes transnacionales que les interesa que se así, también está dada y reproducida por nosotros.
Según datos, los ecuatorianos gastamos en comida y bebida 12 mil millones de dólares anualmente, cantidad que nosotros aportamos para que el sistema agroindustrial siga funcionando. Si hubiera realmente una decisión de invertir todo este dinero en una verdadera revolución agraria, desde la decisión de a quién doy mi plata a la hora de consumir, estaríamos avanzando.
Esta es una decisión política, que debería exigir inclusive que la inversión de los 400 millones en urea que estamos seguros, León Febres Cordero, aceptó agradeciendo a Dios, a cambio de los quintales de urea que dejara a los campesinos atados a los químicos, se empleará en granjas agroecológicas comunitarias, eso sería realmente encaminarnos a una verdadera revolución agraria que asegure no solo la soberanía alimentaria, el trabajo campesino y la naturaleza.
El modelo agroecológica que planteamos los movimientos ecológicas es posible practicarlo e implantarlo si realmente hay voluntad política, primero departe de nosotros y segundo de parte del Estado. Por ello hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares hacer una revisión de nuestras movilizaciones, de nuestras dinámicas productivas y organizacionales, de nuestros potenciales para construir la sociedad que queremos, nadie nos dará haciendo.
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
