By icciec2024
Si recordamos que hace no menos de dos décadas la lucha política en el país, se definía por contenidos ideológicos, se daban cuenta de propuestas económicas y que a su vez dejaban ver los intereses de clase que sostenían detrás, nos encontramos estupefactos frente a los resultados de las elecciones del domingo 26 de abril.
Lo que dirimía el voto, hace dos décadas, inclusive en un país como el nuestro, típicamente conservador, era la militancia política, ya sea de derecha o de izquierda, estas dos tendencias claramente establecidas, ya no existen más. Hoy no existen ni tendencias, ni proyectos económicos claros, peor aún militancia política, son elementos de arbitraje electoral, solo se necesitó un pueblo ansioso de remiendos, de limosnas o de falacias construidas por el marketing electoral, para reelegir un presidente que se dice llamar de izquierda.
La impotencia entre mezclada con la indignación política, frente a resultados electorales que dan muestra de un pueblo carente de movimientos o de partidos políticos que respondan con inteligencia y con estructura organizativa, rebasa todo entendimiento.
¿Cómo puede ser que en el Ecuador, el mercado como medio de compra y venta de cualquier bien, nos haya traspasado el fuero político militante? ¿Cómo es posible que dejemos con tanta indiferencia o quizás con pocas armas ideológicas políticas y organizativas, pasar al mercader más impúdico de la historia a la presidencia? adjetivo que lo lanzamos por eso de llamarse de izquierda y de ofrecer al pueblo radicalización de una revolución que no ha cambiado en nada las condiciones de vida de los ecuatorianos.
Pero, es muy fácil concluir para quienes somos los llamados a dar respuestas reales y políticamente coherentes con un proyecto popular, después de estos resultados que las elecciones son fraudulentas, o que al pueblo se le compró con un bono, con una canastilla de artículos de primera necesidad, o con casas de papel, lo difícil es aceptar que éstos son los resultados lamentables de 179 años de una falsa democracia, de 114 años de un liberalismo burgués, que se sigue sosteniendo en el poder político por tres cosas fundamentales: la primera, el poder del dinero y la propiedad privada que es capaz de comprar todo, la segunda por la ausencia de una sociedad civil politizada y la facilidad que tiene para sostener a su alrededor una base organizada.
Tener poder económico, poder político y una sociedad carente de memoria histórica y de criterio político, es la trilogía política perfecta para que la derecha pueda de cualquier modo o argucia, mantenerse o legitimar su candidato, ya sea vía revueltas populares como el caso de Abdala Bucarán, de Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez; revueltas populares que si bien es cierto deslegitimaron un presidente, pero que a su vez legitimaron la subida de otro que respondía claramente a intereses históricamente enquistados en el Estado. Si nos preguntamos, ¿para quién gobernó: Fabián Alarcón, Gustavo Noboa o Alfredo Palacios?
Una derecha que también ha sabido mantenerse, no solo utilizando la euforia espontánea de la masa popular para situar en el poder a sus representantes esquivando los procesos electorales; que ha sabido inteligentemente usurpar el discurso de izquierda y poner a su representante en el Estado disfrazado de un socialista moderno, un don que ciertamente debemos, después de todo reconocer.
Ahora la pregunta es, frente a esta década perdida para la izquierda ecuatoriana, dónde ha estado ésta? ¿De qué ha servido 60 años de sindicalismo obrero, cuando se permite que un gobierno declarado de izquierda termine con reivindicaciones laborales, argumentando que éstos permiten privilegios? ¿Acaso este atropello a los trabajadores no favorece al empresario, al dueño de los medios de producción y de la riqueza que generan los obreros?
Es inexplicable escuchar decir al presidente Correa, “que el socialismo del siglo XXI, recupera la supremacía del trabajo humano sobre el capital” cuando retira al obrero beneficios que mejoran su calidad de vida; que estos privilegios como el presidente Correa los califica, lo tengan unos pocos obreros en la sociedad ecuatoriana, es cierto que es injusto, porque lo deberían tener todos los trabajadores; por lo tanto la tarea de un gobierno revolucionario de izquierda sería no quitar a esos pocos, los escasos beneficios que han adquirido después de una larga lucha, es entonces asegurar que todos los ecuatorianos lo tengan, pero esta tarea es imposible pensarla desde una revolución que busca salvar al capitalismo como modo de producción dominante en el planeta.
¿Dónde está la izquierda ecuatoriana? ¿Formando filas en la revolución ciudadana, o intentando con pataleo de ahogado pelear desde unidades esporádicas, armadas al son de la campaña electoral? Debemos ser honestos para empezar a contestarnos, las estructuras organizativas que sostenían a la izquierda como una alternativa al capitalismo, ya no existen más, la maquinaria ideológica del sistema supo inteligentemente suplantar la lucha de clases, por teologías de la liberación, por proyectos de centro izquierda ligadas al desarrollismo, por luchas culturales y por último por socialismos modernos basados en el respeto máximo a la propiedad privada, y en principios regulados por un modelo de economía socialdemócrata, con fuertes raíces teológicas que buscan reducir la pobreza, pero no eliminarla.
El triunfo de Rafael Correa, nos dice que: 60 años de lucha sindical socialista y de más de 500 años de resistencia indígena, no fue tiempo suficiente para formar una sociedad civil politizada, capaz de cuestionar y develar tantas mentiras, si nos permitimos citar una que otra para provocar el despertar de la conciencia, que el futuro inmediato nos exigirá si queremos realmente parar el proyecto de la revolución ciudadana, para plantear un proyecto revolucionario popular que responda a todos los pueblos y nacionalidades que coexisten en el país, asegurando lo que llamamos el Sumak Kawsay, para negros, indígenas, montubios, “mestizos” y extranjeros.
La práctica populista de un caudillo moderno, Correa, promete acelerar las reformas y “priorizar la economía de los pobres” para construir un “socialismo del Siglo XXI”, pero sin tocar a los capitalistas ni romper con el imperialismo. Muestra de ello son las largas negociaciones con la banca y la renegociación de la deuda externa, ésta última con beneplácito del BID y la CAF.
Correa promete luego de su triunfo con el 51,9% de los votos válidos, es decir sin contar con los nulos, blancos y ausentismo, radicalizar la revolución ciudadana, sin topar de ninguna manera el antagonismo de clase, ni las diferencias culturales, aludiendo que la primera ya fue superada por la historia y que la segunda solo representa la lucha de dos o tres dirigentes con respaldo del 2% de la población ecuatoriana.
Correa, promete darle al “Estado un papel protagónico de administrador, ejecutor y ante todo el papel de animador de la autoestima del pueblo” según sus propias palabras, siempre y cuando todos estén de acuerdo con la necesidad de salvaguardar el sistema democrático burgués, que se apoya en las políticas económicas ligadas a la extracción de los recursos naturales, a cambio de esta propuesta de gobernabilidad, aplicará un plan neo desarrollista, que contempla reformas políticas y aumento del gasto social dirigidos eso sí a los más pobres.
Seguirá por lo tanto la estrategia de los consensos económicos, la deuda externa se seguirá pagando, seguiremos desapropiando en discursos los bienes de morosos como el caso de los Isaías, pero en la concreción misma del supuesto atrevimiento nada, solo empresas en quiebra; o con demandas al país como el caso de Texaco, o simplemente remates económicos que perjudican al país como el caso de Perenco.
Seguiremos mirando en la TV los altercados ideológicos con el FMI, y al mismo tiempo endeudándonos todos con éste organismo internacional por falta de liquidez presupuestaria, seguiremos fascinados con el show mediático entre el presidente y los periodistas, mientras los precios suben, el desempleo y el subempleo crece y los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador se someten a una revolución ciudadana que los reduce al 2% de la población ecuatoriana.
Una revolución ciudadana que se guarda por derecho, por supuesta mayoría, el derecho a decidir al interior de los territorios indígenas, si éstos tuvieran recursos extraíbles, apoyados en una ley minera que tuvo el rechazo del movimiento indígena y de los movimientos sociales, se guarda además el derecho a decidir en la educación y formación de la cultura, por encontrar en su educación la posibilidad mínima de formación política, esto no conviene a dicha revolución.
El triunfo del proyecto económico de Alianza País, en estos últimos comicios, nos dicen que el pasado próximo que hemos criticado continuará en el futuro inmediato, agravando los niveles de precarización, explotación obrera y desempleo, y la desestructuración de la organización campesina y los pueblos indígenas, ¿Estamos preparándonos para cambiar este futuro que se nos avecina?
Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker
Luis Macas
En este momento en nuestro país, encontramos, tres actores fundamentales en el ámbito político, la derecha política, el gobierno, y el pueblo, al interior de éste último los pueblos y nacionalidades indígenas; los dos primeros no se si podamos llegar a diferenciarlos, pero por cuestión analítica los vamos a citar por separados.
Muchos analistas señalan que este gobierno pertenece a una nueva derecha, aunque se denomine de izquierda, yo difiero de estas opiniones; pues cambios, políticos e ideológicos que diferencien al gobierno actual de gobiernos administrados por la vieja derecha no existen, es solamente una renovación de generaciones al interior de esta línea política.
Hace más de dos años, la candidatura del presidente Rafael Correa, era calificada, entre la gente del pueblo, como una candidatura de izquierda, que además de poseer estas características, poesía a un candidato de facciones deseables para ser representante de todos los ecuatorianos, alto de ojos verdes y guapo. Han pasado más de dos años y nos damos cuenta que Correa, nunca ha representado al sector que decía representar.
¿Por qué a Rafael Correa, le es fácil construir su imagen alrededor de la representación popular? Simplemente porque el discurso que utilizó al inicio de su candidatura fue de corte socialista, más tarde, ya como presidente, fue puliendo su postura y se declara como socialista del siglo XXI, muchos de nosotros, de nuestras bases creyeron en esta falacia, y tristemente siguen creyendo, por eso creo que es necesario realizar un debate profundo, que dé saltos y que supere conflictos internos en nuestro movimiento para dedicarse a analizar lo que realmente está pasando con el movimiento y con la capacidad de éste, para responder a las prácticas gubernamentales que nos perjudican como pueblos, por lo tanto el debate deber ser político e ideológico.
Es necesario entonces debatir, retomar o iniciar para aquellos que no lo hicieron en la juventud, el debate sobre el socialismo, para entender que interés, que proyecto político encontramos detrás de Correa, y no solo detrás de él, sino detrás de toda esta corriente política que está afincándose en Latinoamérica.
El socialismo hay uno solo, el socialismo científico, aquel que planteaba que el origen de toda desigualdad social está en la propiedad privada de los medios de producción, poniendo como alternativa la propiedad comunitaria de los medios de producción en función del bien común.
La pregunta que surge con esta reflexión y frente a la nueva corriente política que ha acuñado el mandatario es, ¿Será posible andar inventando nuevos socialismos, que defienden la propiedad privada de aquellos que por historia han usufrutuado de ella, aduciendo que es el justo reconocimiento a los esfuerzos y al trabajo que han realizado? ¿Cuál es el justo reconocimiento entonces que deberían tener los trabajadores del campo y la ciudad, que por siglos han sido explotados, que por siglos han generado riqueza al país y a las arcas de la burguesía?
Estoy convencido que estos nuevos títulos (Socialismo del siglo XXI), dados a las políticas de desfogue de la crisis capitalista a nivel mundial, por parte de la derecha, solo guardan el objetivo de seguir sosteniendo un sistema de explotación y de desapropiación del trabajo y de los territorios de los pueblos. Para desmantelar esta parodia política, en el caso de nuestro país es necesario analizar por ejemplo: la asamblea constituyente
La asamblea constituyente, es una necesidad surgida y exigida desde hace 20 años por los pueblos indígenas del Ecuador, por los trabajadores, por los movimientos sociales; lamentablemente este pedido fue usurpado, por Alianza País, para ganar las elecciones. Ya en la asamblea, fue la presencia permanente de los actores sociales y políticos que realmente pertenecen al pueblo, la que aseguró ciertos artículos que benefician y que responden a las necesidades populares, sin esta presencia capaz que nada se hubiese logrado.
La asamblea es el espacio donde Alianza País, demostró sus verdaderos intereses, caso contrario no hubiese sido necesario la presión social y política del pueblo para realizar cambios en la carta magna, cambios que hoy con el congresillo se están alterando, ahí tenemos la ley minera, la ley de aguas, de soberanía alimentaria, leyes que no favorecen realmente al pueblo.
No podemos seguir engañados, no podemos declararnos ciegos frente a las negociaciones de la ministra de finanzas, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, negociaciones que tienen como único fin, endeudar a los ecuatorianos y someter nuestra soberanía a las condiciones que éstos organismos van a imponer para proveernos de créditos, ¿acaso esto no le suena parecido a las viejas prácticas burguesas?
Otra muestra, para declarar a este gobierno de derecha, es su constante lucha contra los movimientos sociales, contra el movimiento indígena, contra los sindicatos, con el solo objetivo de terminar con las estructuras organizativas del pueblo, logrando así quitar cualquier posibilidad de confrontación política a su gestión.
Este gobierno ha implementado, lamentablemente a nombre de la revolución ciudadana, el control a la sociedad civil, ciudadano por ciudadano, rompiendo con las organizaciones por medio de la compra a mansalva de las conciencias del pueblo, por medio de préstamos, bonos, canastas de alimentos, y otros; lamentablemente el pueblo no visualiza los objetivos que hay detrás de esta efímera generosidad.
Por ello la necesidad de un debate político-ideológico al interior de los pueblos y nacionalidades indígenas del país, que parta del reconocimiento de nuestras autoridades, del reconocimiento jurídico y político del gobierno de los pueblos, es decir del consejo de gobierno de la CONAIE como el gobierno de las nacionalidades indígenas del Ecuador, con ésta propuesta no queremos decir que vamos a construir otro Estado como algunos pretenden confundir, lo que se quiere es concretizar el Estado Plurinacional.
Debemos además aceptar que fue un error la estrategia política de la participación electoral, porque la participación política ha significado para el movimiento, problemas y rupturas en el interior de nuestra organización, le hemos dado al sistema partidario electivo del país el espacio para infiltrarse y captar a compañeros, llevándolos a sus filas para justificar de algún modo los requisitos interculturales que la nueva constitución exige.
La coyuntura política del país, confronta la llamada radicalización de la ciudadanía, liderada por Alianza país contra un colectivo de organizaciones de trabajadores, indígenas y campesinos, que se saben no representados en la revolución ciudadana, frente a esto que nos queda, a los pueblos y nacionalidades la tarea de retomar con fuerza el proyecto político, y trabajar analíticamente en temas como: la territorial, las circunscripciones territoriales, los gobiernos autónomos, entre otros, solo así iremos configurando el Estado Plurinacional, caso contrario el modelo de este nuevo Estado vendrá impuesto desde arriba, desde Alianza País.
Las reflexiones que nos exige este trabajo, tienen como primera condición, el reconocimiento de nuestro propio gobierno, para hablar de un gobierno alternativo, revolucionario, es necesario ir reconociéndonos en nuestras formas organizativas, en las estructuras normativas propias y en el quehacer político histórico que hemos liberado.
Si este reconocimiento no se da, será fácil arrebatarnos la dirección de espacios jurídicamente reconocidos como propios de los pueblos, como la DINEIB, que ahora se encuentra bajo la dirección de los gobiernos de turno, llegue quien llegue se direccionará según sus interés.
Es hora de entender que los pueblos son capaces de direccionar, la salud, la educación, y que si es necesario crear una estructura normativa para que esta dirección reúna condiciones efectivas de funcionamiento lo haremos, pero de ninguna manera podemos permitir que estos espacios ganados por derecho propio y por una larga lucha, sean arrebatados por el gobierno.
Desde los pueblos y nacionalidades trabajaremos para construir un gobierno popular alternativo, sin caer en las exigencias electorales que el sistema partidario y electivo de la derecha ha impuesto, desde nuestras bases debemos hacer una revolución social y comunitaria, enmarcada en nuestro proyecto, dejando a un lado al Estado, debemos empezar a trabajar en la reconstrucción de la naciones, con sus propios gobiernos, estructuras de justicia y territorio, donde direccionemos la educación, la salud, donde tengamos el control de las autoridades para asegurar la coherencia política.
Lo que no podemos seguir esperando es ganar una alcaldía, o una prefectura, desde esas instancias no construiremos el ESTADO PLURINACIONAL, la historia nos ha demostrado que solo el ejercicio pleno de nuestro proyecto político en las comunidades nos permitirá construir este Estado.
La relación con el Estado ecuatoriano será la defensa férrea de nuestros derechos, desde una claridad política e ideológica, discutida, analizada y debatida desde la bases, solo así las estructuras organizativas serán fuertes y no serán espacios de manipulación electoral, como hemos visto lamentablemente en esta última contienda política.
Para esta propuesta debemos hacer mea culpa, la indisciplina política al interior de nuestra militancia ha permitido que seamos engañados y utilizados, esta práctica debe terminar, para dar paso al estudio profundo y disciplinado de nuestras propuesta para que ésta trascienda a nuestros pueblos y sea una propuesta nacional, como hasta hoy ha sido presentada.
Coordinación General: José Luis Bedón
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Andrés Cabanas
Yo sueño con una Guatemala en donde no sólo como
indígenas o como refugiados y retornados, sino que todos
podamos vivir en paz y en libertad, pero que haya una verdadera
paz no sólo para los ricos sino para todo el pueblo.
Tal vez nuestros hijos seguirán luchando por esto.
Roselia García
Esperamos que a nuestros lectores, el extracto del análisis de la realidad Guatemalteca, extraído de “La Encrucijada de Guatemala” escrito por Andrés Cabanas, les trasporte a la realidad más cercana de su quehacer político.
En Guatemala, país latinoamericano como el nuestro, fallecen anualmente noventa y seis mil niñas y niños por enfermedades relacionadas con el hambre, el 49% de la población padece desnutrición crónica, más de dos millones de personas, es decir el 20% de la población, ha emigrado en busca de mejores condiciones de vida., el 51% de la población vive en condición de pobreza, y en el área rural el porcentaje de pobreza y pobreza extrema alcanza el 72% de la población.
Estas estadísticas ubican a este país a la cabeza de la desigualdad y la injusticia en Latinoamérica: el penúltimo lugar en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, después de Haití, y en el Índice Global del Hambre, determinación económica elaborada por el Instituto Internacional de Investigación para las Políticas Alimentarias.
La mitad de la población hambrienta centroamericana reside en Guatemala, la tierra de la eterna primavera y la eterna tiranía, como la definió el intelectual Luis Cardoza y Aragón. En la tierra del quetzal, el genocidio, la truncada revolución democrática y la década de 1944-1954, tiempos de esfuerzos modernizadores e incluyentes (Código de trabajo, reforma agraria, fortalecimiento del Estado, creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, están siendo malogrados por la reacción conservadora y la intervención norteamericana.
En relación a la seguridad interna, se producen casi 6.000 asesinatos cada año. La tasa de homicidios por cien mil habitantes es de 43,3, la segunda más alta en Centroamérica después de El Salvador y Honduras (48,7 y 40,1, respectivamente). Asombra que la violencia, en vez de disminuir, se haya incrementado después de la firma de los Acuerdos de Paz: todo esto en un marco de debilidad del Estado y crecimiento de la criminalidad organizada, en ocasiones, vinculada a actores políticos formales; siempre, funcional a la reproducción del sistema por que la violencia, de naturaleza política o de carácter común, funciona como disuasivo de la movilización.
Se incrementado particularmente la violencia dirigida contra las mujeres, son más de 3.000 asesinadas desde el 2001, 600 durante cada uno de los dos últimos años, con agravante de tortura (en el 35% de los casos) y violación (45% de los casos), que convierten los asesinatos en manifestación de poder, misoginia y desprecio.
La abogada Hilda Morales afirma a este respecto que «Las huellas de violencia sexual que quedan en los cuerpos de las mujeres y la saña con que son asesinadas (estrangulamiento, utilización de alambre de púas, desmembramiento, descuartizamiento, incluso con partes del cuerpo metidas en bolsas y regadas por toda la ciudad) tienen una connotación diferente a los asesinatos de los hombres» (Cabanas y Cid, 2007: 49).
El mensaje implícito de esta violencia es el retorno al hogar, en un marco de falta de garantías para el desarrollo pleno de las mujeres en el espacio público. Es un mensaje profundamente político, aunque no provenga de actores políticos tradicionales: Los asesinatos tienen el propósito de señalarles a las mujeres que se cuiden y regresen a la esfera privada de su hogar y sus deberes familiares. En tanto las mujeres van tomando más funciones públicas y son vistas como competencia para los hombres, les dicen que abandonen la arena pública y renuncien a la participación cívica. (Sandfor, 2008: 68)
La violencia de carácter político continúa produciéndose, aunque no con la intensidad existente durante el conflicto armado: los asesinatos de monseñor Gerardi, promotor de la memoria histórica, en 1998, la hermana Bárbara Ford en el 2001, el intelectual y líder indígena Antonio Pop Caal en el 2002, los campesinos Raúl Castro Bocel y Juan López, opositores a la minería y al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en el 2005, el dirigente comunitario Mario Caal Bolom en el 2008, así como la desaparición de la catedrática universitaria Mayra Gutiérrez en el 2000 y del campesino Héctor Reyes en el 2003, son ejemplo de la utilización de la fuerza para dividir, debilitar y controlar el movimiento social:
La violación de los derechos humanos después de la firma de la paz sigue la lógica de la violencia en épocas pasadas: búsqueda de la inhibición a partir del terror; desestructuración social y golpe a los sobrevivientes; promoción de la indiferencia y la insensibilidad social. Se han producido ataques sistemáticos contra representantes de diferentes sectores sociales: religiosos, mujeres, trabajadores de la memoria histórica, intelectuales, académicos. Para ello se han utilizado los métodos más diversos, incluso algunos que el fin de la guerra parecía haber desactivado, como la desaparición forzada. En algunos aspectos, la violencia después de la firma de los Acuerdos de Paz adquiere matices más graves que en la etapa anterior. (Cabanas y Cid, 2003: 80)
El Movimiento Nacional de Derechos Humanos registra desde el año 2002, en el contexto de agudización de la persecución, un promedio de 200 ataques por año contra activistas sociales: 127 en el 2004, 224 en el 2005, 278 en el 2006, 195 en el 2007 y 180 hasta octubre del 2008.
A partir de las movilizaciones masivas contra el Tratado de Libre Comercio y por la defensa de los bienes naturales de las comunidades (lucha contra explotaciones mineras, mega proyectos hidroeléctricos y de producción de agro-combustibles, cementeras, y otros) se agudiza la criminalización y persecución de las protestas sociales: detención de dirigentes, implantación temporal de estados de excepción, reapertura o despliegue de destacamentos militares, participación del Ejército en la seguridad interna, etc., al igual que sucedió durante el conflicto armado.
La impunidad completa el ciclo de la violencia: las investigaciones no avanzan y no se logra la condena de los culpables. Según la Procuraduría de Derechos Humanos, sólo un 1% de los crímenes cometidos llega a juicio y condena, el 2% es desjudicializado y el 97% queda sin castigo, lo que alienta la comisión de nuevos crímenes. En cuanto a los asesinatos de mujeres, en el 2006 ingresaron 130 casos de denuncia, se formularon nueve acusaciones y hubo apenas cuatro sentencias condenatorias.
En Guatemala la muerte llega intempestiva y a destiempo, amenaza todos los espacios y sectores sociales, afecta a personas de todas las edades: estudiantes, trabajadores, ancianos, jóvenes, amas de casa, esposas, niñas llenas de ilusiones que juegan con sus muñecas, indígenas, mestizas, extranjeras, universitarias en el inicio de una nueva etapa de su vida.
Se trastorna la cotidianidad. Se violan los espacios colectivos referenciales. La muerte reiterada, producto de la violencia o de un sistema violentamente injusto y excluyente, cierra espacios de convivencia, ejercicio de ciudadanía y desarrollo democrático, particularmente para las mujeres. Las cifras de muerte, pobreza y desigualdad dibujan una realidad negativa y comprometen el presente y el futuro del país guatemalteco.
Los datos socioeconómicos y los asesinatos muestran la pervivencia de una cultura de la exclusión y de la muerte y obligan a la relectura del pasado reciente de Guatemala y sobre todo del impacto de los Acuerdos de Paz. No hay mucho que celebrar, cuando ni siquiera las humildes pero estratégicas metas como el incremento de la recaudación fiscal se han cumplido. No existen grandes motivos para el jolgorio. La agenda neoliberal, fundamentada en la reducción del Estado y el predominio del mercado y las empresas, se impone sobre la agenda de solidaridad y avance hacia la justicia diseñada por los Acuerdos.
“La historia reciente de Guatemala ha constituido un reto tanto para políticos organizaciones de la sociedad civil, iglesias y dirigentes como para las Ciencias Sociales. El proceso de firma de los Acuerdos de Paz que culminó en diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo para una Paz firme y duradera, constituyó un momento de la historia en que se vivió la posibilidad de sentar las bases para una sociedad distinta en el futuro. Aquí fue de particular trascendencia ver la posibilidad, porque se experimentó algo que podía preconizarla, de imaginar una relación de naturaleza distinta entre el Estado y la sociedad; una relación en la que el diálogo, la propuesta y la negociación fueran privilegiados y en la que el Estado se convertiría en el propulsor de las nuevas visiones y políticas alentadas por estos mecanismos. Hoy es posible echar un vistazo atrás y ver con menos euforia y mayor cautela lo que se produjo como perspectiva de futuro en ese periodo, así como la persistencia en la sociedad guatemalteca de herencias de la guerra interna que complica aún el panorama social, económico, político y cultural del país” (Arenas, 2007: 1 y 3)
Los Acuerdos de Paz firmados sucesivamente entre enero de 1994 y diciembre de 1996 abarcan aspectos variados como los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la memoria histórica y el resarcimiento, el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, la situación socioeconómica y agraria, el papel del Ejército o el fortalecimiento de la sociedad civil.
La negociación de los Acuerdos no se limitó a aspectos operativos de la desmovilización de las fuerzas insurgentes y a la creación de un marco legal democrático, sino que abordó —aunque parcialmente— las raíces socioeconómicas y culturales de la injusticia, la marginación y la exclusión. Entre estos acuerdos podemos citar:
1.- La finalización del ciclo de la violencia política masiva y generalizada, que se mantuvo en el país durante treinta y seis años y fue especialmente intenso a inicios de los años ochenta.
2.- La ampliación de las libertades individuales y los espacios de acción organizada.
3.- El crecimiento de una generación en ausencia de represión sistemática, con mayores posibilidades de desarrollo personal y colectivo, y mayor conciencia comunitaria.
4.-La firma del Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales, que sirve de base para las consultas comunitarias contra la explotación de los bienes naturales de las comunidades y para el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entre otros.
A pesar de estos acuerdos, los aspectos sustantivos, que diferencian el modelo negociador guatemalteco de otros procesos, están prácticamente incumplidos y otros sin la fuerza y claridad necesaria. Destacan aquí los compromisos referidos a la situación agraria, que no atacan la injusta distribución de la tierra, la reforma tributaria integral, clave para el fortalecimiento del Estado y la inversión social; el Acuerdo de Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas; y los compromisos destinados a mejorar la situación de las mujeres.
El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria promueve una política tributaria «justa, equitativa y globalmente progresiva, conforme al principio de la capacidad de pago» (Gobierno de Guatemala, 1996: 26), y concebida en forma que permita «la recaudación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las tareas del Estado» (ibídem).
Para desarrollar los preceptos citados, se debió incrementar la carga tributaria (porcentaje de impuestos en relación con el producto interior bruto, PIB) hasta un 12% en el año 2000, así como fortalecer los impuestos directos (impuesto sobre la renta o sobre la propiedad) en detrimento de los impuestos universales o indirectos, caso del impuesto sobre el valor añadido (IVA). La resistencia de los empresarios al incremento de la tributación, en el marco de una extrema ortodoxia neoliberal y anti-Estado, ha impedido alcanzar esa meta.
La consecuencia directa de la resistencia empresarial es que el Estado no cuenta con recursos suficientes para la inversión en educación, salud, vivienda o creación de fuentes de empleo. El conservadurismo extremo del empresariado guatemalteco se evidencia ante cualquier intento de reforma impositiva, por moderado que sea. Por el contrario, se plantean reformas para fortalecer la inequidad tributaria.
Durante el gobierno de Óscar Berger se modificó la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquilas para permitir que licoreras, tabacaleras, empresas de bebidas ligadas a las grandes corporaciones y mineras gocen de exenciones fiscales. El Colectivo de Organizaciones Sociales calcula que el Estado pierde anualmente unos 4.000 millones de quetzales (400 millones de euros), el equivalente al presupuesto del Ministerio de Salud, en concepto de exenciones.
El Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), firmado en 1995, reconoce la nación guatemalteca como multiétnica, multicultural y multilingüe, y a la población maya como pueblo y por tanto sujeto de derechos; reconoce asimismo la oficialidad de los idiomas indígenas y las formas propias de organización y participación, promoviendo la creación de una institucionalidad y un conjunto de leyes y reglamentos, incluidas reformas constitucionales, para garantizar el ejercicio de estos derechos. Un acuerdo tan ambicioso como incumplido.
Máximo Ba Tiul, antropólogo maya, considera que se han cumplido aspectos formales del AIDPI mientras continúan intactas «las estructuras de poder y el control de las comunidades y, paralelamente a la agenda de la paz, se promueve de manera desordenada y salvaje, con base en las normas del TLC [Tratado de Libre Comercio] con Estados Unidos y el Plan Puebla Panamá, poniendo en riesgo la vida de los pueblos indígenas» (Ba Tiul, 2007: 1).
El fracaso de la Consulta Popular de 1999, donde fueron sometidas a votación las reformas constitucionales planteadas en los Acuerdos, implicó un punto de deterioro fundamental en el impulso del AIDPI. Las reformas no lograron siquiera el concurso activo y apoyo entusiasta de sus propios proponentes.
El Gobierno, enfrentado entonces a una grave recesión económica, sumido en un proceso electoral en el que aparecía como perdedor y debilitado tras el asesinato del coordinador del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica, monseñor Juan Gerardi, en el que aparecieron implicados miembros de la Seguridad Presidencial, no se involucró en el apoyo. Tampoco la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), ex guerrilla convertida en fuerza política, que preparaba su primera participación electoral, ni el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el principal partido de la oposición y único que nunca asumió, ni siquiera formalmente, los Acuerdos de Paz como compromiso de Estado. Todo ello en el marco del racismo de las elite guatemaltecas y el miedo al empoderamiento de la población indígena y su papel como sujeto político protagónico.
En cuanto a los derechos de las mujeres, el desarrollo ha sido mínimo: «De un total de 28 compromisos específicos, el Estado ha dado cumplimiento a dos, que fueron: convocar al establecimiento del Foro de la Mujer y evaluar avances en materia de participación de las mujeres para formular un plan de acción correspondiente.
Del plan de acción han existido avances parciales en 13 aspectos, entre ellos los siguientes: la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI); la formación de personal del servicio civil en el análisis y planificación de género; el reconocimiento de la igualdad de derechos del hombre y de la mujer en el hogar; el acceso al crédito y a la tierra; la igualdad de oportunidades de estudio y eliminación de contenidos educativos discriminatorios; la implementación de programas nacionales de salud integral para la mujer; el derecho de organización de las mujeres y su participación en los niveles de decisión y poder de las instancias local, regional y nacional; terminar de revisar la legislación nacional; impulsar campañas de difusión y programas educativos a nivel nacional encaminados a concienciar a la población sobre el derecho de las mujeres y eliminar la discriminación legal y de hecho contra la mujer en cuanto al acceso a la tierra, vivienda, créditos y participación en proyectos de desarrollo. (Ibídem)
Otros trece compromisos permanecen ignorados hasta la fecha, que afectan la capacidad de modificar las estructuras políticas y económicas, y el orden simbólico y cultural que reproduce la subordinación de las mujeres. Entre ellos destacan los siguientes: la tipificación del delito de acoso sexual; legislar sobre los derechos de la trabajadora de casa particular; la divulgación y fiel cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW; la incorporación del enfoque de género en políticas, programas y actividades de desarrollo; garantizar el derecho de las mujeres al trabajo mediante capacitación, revisión de la legislación y reconocimiento de las trabajadoras agrícolas; promover la participación de las mujeres en cargos de gobierno y en todas las formas de ejercicio del poder; así como la reducción de la mortalidad materna a un 50% respecto a 1995. (Ibídem)
El incremento de la violencia, favorecido por la indiferencia social e institucional, es por sí mismo indicativo del escaso impacto de los Acuerdos de Paz sobre la situación de las mujeres guatemaltecas como lo hemos citado.
El incumplimiento de los Acuerdos de Paz impide avanzar en Guatemala, en la construcción de la justicia y la igualdad y erosiona la confianza social en las instituciones, abriendo escenarios de continuación profundización el autoritarismo y la exclusión (en el marco de la democracia formal), por un lado, y de tensión social permanente, por el otro.
La paz concebida como un conjunto de acuerdos, pero sobre todo la paz como espíritu y proceso, queda afectada. Se aleja la posibilidad de un nuevo marco de convivencia en justicia social.
Hoy Guatemala, está viviendo nuevos escenarios políticos, los pueblos indígenas luchan por retomar el espíritu de transformación que dio origen a los Acuerdos de Paz para superar el modelo actual y promover un nuevo consenso social que transite de la injusticia a la superación definitiva de la miseria.
Coordinación General: José Luis Bedón
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